Efectivos de Gendarmería y Prefectura encabezaron distintos allanamientos en la causa de las DJAI (autorizaciones de importación). En uno solo de los procedimientos, realizado en el complejo de edificios Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero, se secuestraron 38 autos de alta gama.
El procedimiento fue ordenado por el juez Gustavo Meirovich en el marco de la causa que investiga el lavado de activos a través de operaciones de importación con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
El mismo consistía en simular trámites de importación de mercaderías con el objetivo de beneficiarse con la compra de dólares a tipo de cambio oficial en medio del cepo. Esas divisas eran giradas luego al exterior sin que las importaciones se llegaran a efectuar.
Fuentes cercanas a la investigación explicaron que la investigación se inició hace como un año y medio atrás a partir de una denuncia del ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión.
En la causa, figuran tres asociaciones ilícitas con procesamientos confirmados por la Cámara Penal Económica por los delitos de contrabando y lavado de activos.
Las fuentes consultadas señalaron que ya fueron detectadas unas 138 cuentas en Estados Unidos. También se libraron exhortos a bancos de Hong Kong y otros países.
Los dos involucrados más conocidos de la causa son Sung Ku Hwang, alias «Mr. Korea», que está acusado de ser el jefe de esta asociación ilícita. Fue extraditado desde Corea y detenido por orden del juez Meirovich. El otro es el empresario Mariano Martínez Rojas, quien se encuentra acusado de sacar cerca de $200 millones del país mediante este método junto a al menos otras cuatro personas. Tanto Mr Korea como Martínez Rojas ya fueron elevados a juicio.
Las empresas y los propietarios de los autos secuestrados ya están procesados y también a punto de ser elevados a juicio. Según explicaron las fuentes, lo que se hizo fue un decomiso anticipado para preservar los embargos millonarios que se dispusieron junto a los procesamientos.
Los otros procesados son: Nicolás Damián Amato, Mariana Cristina Rolando, Andrea Florencia Rolando, Melina Lorena Amato, Martín Ignacio Romero, Marcelo Reynoso, José Luis Guarnerio, Adrián Marcelo Umansky y Gustavo Salomón Mograbi. A todos ellos se les trabó embargo hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos.
Luego de ser extraditado de los Estados Unidos a la Argentina en enero de 2018, Martínez Rojas pidió declarar como arrepentido en distintas causas en las que se encontraba involucrado.
Respecto de la causa de las DJAI, el empresario dijo que parte de los fondos utilizados en las maniobras venían de la provincia de Formosa. A raíz de su testimonio, el juez Gustavo Meirovich hizo allanamientos y detuvo a varias personas en esa provincia. No obstante, el empresario quedó procesado por los delitos de contrabando, asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación de documentos.
Debido a sus declaraciones, Martínez Rojas entró de manera provisoria en el Programa de Protección de Testigos. Estuvo detenido en una «casa segura», en algún rincón de la provincia de Buenos Aires, donde convivía con sus custodios. Pero en octubre, la Justicia decidió que vuelva a la cárcel, donde se encuentra desde entonces.
La modalidad delictiva se repetía en distintas operaciones analizadas por la Justicia. Los imputados inscribieron varias sociedades con accionistas que resultaron ser personas de bajos recursos, sin capacidad económica para realizar tales transacciones.
La falta de respaldo en cuanto al origen de los fondos depositados en las cuentas bancarias locales que fueron utilizadas para los supuestos pagos de anticipos de importaciones, así como la poca o nula actividad económica legal de los accionistas de las sociedades utilizadas, sumado a las cifras millonarias que fueron ingresadas a la economía formal dando apariencia de operaciones lícitas son objeto de investigación por el delito de lavado de activos.
En pleno cepo cambiario, estas sociedades fantasmas obtuvieron autorización de la AFIP conducida por Ricardo Echegaray, de la Secretaría de Comercio encabezada por Guillermo Moreno y del Banco Central presidido por Juan Carlos Fábrega para efectuar pagos anticipados de importaciones por operaciones presumiblemente ficticias y así girar dólares al exterior cuando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar libre era de 100 por ciento.
La Justicia sospecha que la operatoria hubiera sido imposible sin connivencia con las autoridades, que aprobaron las DJAI (autorizaciones de importación) por varios millones de dólares a sociedades que -por ejemplo- tenían como principal accionista a una beneficiaria de una asignación universal. Es por eso que se cree que en la próxima etapa de la investigación el juez posará su lupa sobre el rol que mantuvieron los ex funcionarios involucrados.
