Dos fallos judiciales ordenaron la suspensión de las obras de una estación de servicio que se construye en un terreno del Arzobispado porteño; el cargo de la donación no estipulaba la explotación comercial sino el uso educativo y de culto.
El Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires recibió dos duros reveses que podrían significar el punto final de una obra en el corazón de Puerto Madero, cerca de la reserva natural y de los diques. Dos fallos judiciales ordenaron frenar los trabajos en un predio de su propiedad, donde se estaba construyendo una estación de servicio, y había sido donado para la instalación de un colegio y otros usos. Como cuestión de fondo, la Justicia analiza también la posibilidad de revocar la donación por incumplimiento.
Las medidas judiciales, una de la Justicia nacional y la otra de la porteña, llegaron dos meses después de la fuerte advertencia que había lanzado la Corporación Puerto Madero (CPM) que había donado las tierras a la iglesia en 1993 mediante un contrato con cargo, es decir, con la obligatoriedad de que se cumpla lo establecido en el acuerdo. El Arzobispado había cedido, en forma unilateral, una parte del predio a una empresa privada para la explotación por 40 años con fines comerciales y actividades que aún no son parte de Puerto Madero.
Las sospechas en el manejo de la cesión llegaron hasta el Vaticano que comenzó a poner la lupa sobre el terreno, ubicado entre las calles Rosario Vera Peñaloza, Aimé Painé, Julieta Lanteri y Encarnación Ezcurra, y sobre otros bienes que tiene la Iglesia en la ciudad. La Santa Sede intervino en forma directa con una auditoría para analizar lo que estaba sucediendo.
En uno de los fallos, la Sala II del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, dictó una medida cautelar tras un recurso de amparo colectivo presentado por un grupo de vecinos propietarios en el Consorcio Madero Plaza, cercano a la obra. La medida cautelar ordena la suspensión del permiso de obra otorgado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la ciudad.
“Sabíamos que la pelea sería desigual, pero confiados en nuestra razón pudimos reivindicar nuestros derechos en un fallo que nos llena de orgullo y que debe hacer recapacitar a los funcionarios en relación con la forma y modo que aplican las normas que ellos mismos dictan”, dijeron los vecinos mediante un comunicado.
“También nos debe llamar a la reflexión la tardía y desprolija actitud de la Corporación Puerto Madero que solicitó la revocación de la donación casi dos años después de haber tomado conocimiento de las desprolijidades, pero sin denunciar la violación de los usos urbanos”, reclamaron.
La CPM es protagonista central en la historia y, a su vez, demandante ante el fuero Civil y Comercial de la Nación de donde proviene el segundo de los fallos que también ordenó “la suspensión inmediata, total y completa de todas las obras en ejecución”. La Corporación, una sociedad integrada en partes iguales por los estados nacional y porteño, creada en 1989 para el desarrollo de Puerto Madero, pidió en la demanda la revocación de la donación del predio “por incumplimiento del cargo impuesto en razón de la ejecución de obras en transgresión a los destinos a los que se había sujetado la liberalidad; y el dictado de medidas cautelares de prohibición de innovar y suspensión de las obras cuestionadas”.
El recurso se interpuso el 15 de mayo y, apenas dos semanas después, el 29 de mayo, llegó el fallo del Tribunal. “La Corporación ha ofrecido explorar alternativas que logren el objetivo buscado por ambas partes dentro del marco de las condiciones impuestas en la donación que efectuara al Arzobispado. En tal sentido, y dentro de las diversas acciones realizadas, convocó a la Mediación Prejudicial Obligatoria en junio; celebrada la primera audiencia, las partes acordaron llamar a un segundo encuentro para mediados de julio una vez que el Arzobispo recientemente designado se encuentre en funciones”, explicaron desde la CPM.
