Las obras del Gobierno de la Ciudad para favorecer el proyecto inmobiliario del Grupo Irsa sobre la Costanera Sur ponen en peligro las viviendas del barrio Rodrigo Bueno. “Para estos negociados y emprendimientos de lujo no parece conveniente tener una villa al lado”, apunta Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Según los funcionarios de Rodríguez Larreta, se trata una “obra clave para continuar con el proceso de integración del barrio Rodrigo Bueno”, un asentamiento lindero al mega emprendimiento cedido por la Legislatura porteña al Grupo IRSA.
La administración cambiemita definió el desarrollo que va desde la Avenida España a lo largo del canal y culmina en un mirador ubicado en la desembocadura del mismo en el Río de la Plata como “un nuevo atractivo turístico para todos los vecinos de la Ciudad, donde además de disfrutar de la naturaleza se podrán encontrar nuevos emprendimientos gastronómicos que tendrán propuestas de platos típicos de comida latinoamericana”.
Sin embargo, desde múltiples espacios advierten que el desarrollo representa “otro absurdo ambiental y social”: “a contramano del mundo, la propuesta atenta contra el humedal y genera un conjunto de impactos negativos en relación a los vientos y al escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas”. A esto se suman los problemas que ya afectan a los vecinos, como el hundimiento de las superficies y resquebrajamiento de las casas.
El tratamiento casi olímpico del proyecto se opaca por la calidad de la evaluación técnica. Y es que el GCBA autorizó Costa Urbana con sólo un “Informe Técnico” de 19 páginas a simple faz (5 son el marco normativo, 11 con imágenes y 3 de conclusiones).
Con este convenio urbanístico el grupo IRSA ganaría más de 1000 millones de dólares con la construcción de torres de lujo de más de 100 metros de altura. Obnubilados por estas cifras siderales, al GCBA y a la Legislatura se les pasó por alto convocar a audiencia pública obligatoria antes del tratamiento legislativo de este proyecto de ley por modificar sustancialmente la planificación urbana (art. 63 Constitución de la Ciudad) y realizar la Evaluación de Impacto Ambiental previa a la firma del convenio urbanístico como exige el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú.
Por este motivo, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (UBA), el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la CTA Autónoma de Capital acudieron a la Justicia con una acción de amparo colectivo en defensa de la democracia participativa y ambiental al advertir que se estaban violando la regulación constitucional e internacional que norma cómo se debería dar un debate con relación al destino de la Costanera.
“Para un emprendimiento de lujo como este, no parece ser conveniente tener una villa al lado”, explicó el abogado y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo. “La radicación y urbanización de una villa está bien y es un derecho constitucional, pero muchas veces está más pensado en favorecer a futuros proyectos inmobiliarios que en resolver las necesidades habitacionales de las familias”.
