La fuerte devaluación después de las PASO y el impacto en la inflación que se espera para este y los próximos meses obligó al Gobierno a acercarse a los laboratorios y dejar de lado la desconfianza mutua que marcó los últimos dos años. El objetivo: lograr un congelamiento de precios voluntario en la mayoría de los medicamentos por un plazo de entre 60 y 90 días. La idea es replicar, de alguna manera, el convenio alcanzado con las empresas de consumo masivo en el rubro alimentos con los «productos esenciales».
El acuerdo definirá, según lo negociado con el sector farmacéutico en estos días, una «canasta básica de medicamentos» compuesta, en el caso de los laboratorios nacionales, por el 70% de los productos que venden. En el caso de los extranjeros, será un listado de drogas de alto costo para tratamientos especiales. De concretarse, esto significará precios congelados para antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, betabloqueantes, medicamentos oncológicos, entre muchos otros de la industria.
En principio, las conversaciones tendrán hoy un nuevo capítulo: hasta anoche estaba previsto un encuentro del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, sus equipos técnicos, y el coordinador de la Jefatura de Gabinete, Nicolás Pavlovsky, con las cámaras que nuclean a los laboratorios nacionales y extranjeros. Todo en medio de un escenario económico y financiero volátil que amenaza con modificar las condiciones en solo cuestión de horas, tal como lo evidencian los sorpresivos anuncios de ayer del ministro de Hacienda Hernán Lacunza sobre la deuda pública.
La volatilidad del dólar es el principal escollo para sellar el pacto ya que los medicamentos tienen un alto componente importado (por los principios activos) y, por ende, son muy sensibles al precio de la moneda norteamericana. Esto ha motivado arduas negociaciones para, por ejemplo, establecer qué valores se toman como punto de partida. El Gobierno arrancó pidiéndoles a los laboratorios que retrotrajeran los precios al nivel previo a las PASO (el dólar cotizó a $46,55 el 9 de agosto) ya que, en las primeras dos semanas posteriores a la elección, tras la suba de la divisa a $58-62, los remedios aumentaron entre 8 y 12% promedio, según fuentes oficiales y privadas. Los laboratorios dijeron estar dispuestos a evaluar un congelamiento, pero no una rebaja de precios. Resignado, el Gobierno ahora procura convalidar solo una parte de ese ajuste.
Otro motivo de negociación es el plazo que tendría el acuerdo: el Gobierno quiere que sea por 90 días, mientras que las empresas ofrecen un máximo de 60 días.
Las discusiones venían bien encaminadas mientras el dólar se mantenía en torno de $58, pero ahora todo entró en un terreno incierto. Fuentes oficiales dijeron ayer que, para salvar esta situación, propondrán al sector farmacéutico contemplar una banda «razonable» para la cotización de la divisa norteamericana. Si se fuera de ese rango, el acuerdo se caería automáticamente. Será otro de los puntos a discutir.
A cambio del congelamiento, el Gobierno y los laboratorios acordaron la eliminación de la tasa de estadística (que había sido aumentada por decreto de 0,5% a 2,5% en mayo pasado por necesidades fiscales) y de otros impuestos aduaneros a medicamentos, vacunas y principios activos importados para tratamientos ambulatorios esenciales como oncológicos, para la hemofilia, diabetes, agentes biotecnológicos y terapias génicas, entre otros.
Según fuentes oficiales, los tributos que se suprimirían representan entre el 10 y el 20% del precio del medicamento a la salida de planta, es decir, antes de entrar en toda la cadena comercial y llegar a las farmacias. Un posible foco de conflicto con los laboratorios nacionales es que así se fomente la importación de medicamentos terminados, pero en el Gobierno prometen que solo se habilitará la rebaja impositiva en el caso de productos que no se fabriquen en el país.
«El diálogo es muy amplio, con laboratorios y prestadores, es decir, clínicas, sanatorios, hospitales privados, obras sociales y prepagas. Con la devaluación, el sector está muy preocupado y en una situación crítica», admitió Rubinstein, al confirmar las negociaciones.
Además, para evitar o al menos moderar los aumentos en las cuotas de las prepagas, Salud ya habló con Hacienda y Producción para ofrecerles a ellas y a las clínicas una reducción del impuesto al cheque y un aumento en el mínimo no imponible para las contribuciones patronales.
