la Legislatura porteña aprobó en primera lectura el proyecto inmobiliario «Costa Urbana», impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo IRSA. Con 37 votos a favor y 19 negativos, se votó la rezonificación que permitirá a IRSA la construcción de megatorres en la ex Ciudad Deportiva del Club Atlético Boca Juniors. A metros del barrio Rodrigo Bueno, negocio millonario y destrucción del humedal costero.
Se prevé la construcción de torres de 145 metros de altura y aproximadamente 900 mil metros cuadrados. Las torres estarían dedicadas a viviendas suntuosas pero también a comercios, shoppings y hoteles, alcanzando una superficie total construida de 24 hectáreas.
Desde el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, señalaron que este grupo inmobiliario compró los terrenos a 51 millones de dólares. Con la aprobación del convenio urbanístico, el valor del suelo se multiplicará 32 veces como mínimo. Un negocio neto del Grupo IRSA de entre 1.000 a 1.500 millones de dólares. Además, afirmaron que la votación violó la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú por no haber convocado a audiencia pública previa y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental. «A la violación de la democracia ambiental y participativa, se suma la gravedad institucional de votar un proyecto de ley con la mayoría absoluta (la mitad + 1) cuando corresponde que se vote con la mayoría agravada de los ⅔ (40 votos)», aseveraron.
Primera repercusiones
Ing. María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA: «Este mega proyecto es la síntesis del mayor saqueo de tierras públicas de la historia de la Ciudad. Es un absurdo ambiental, que no sólo va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad, sino que va a generar irreversibles impactos ambientales poniendo en riesgo la reserva ecológica y el barrio Rodrigo Bueno: impactos sonoros, modificación del asoleamiento, modificación del escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas y de los vientos. A contramano de la crisis climática, en la Ciudad de Buenos Aires privatizamos superficies verdes, vendemos la costanera y destruimos los humedales».
Jonatan Baldiviezo, abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad: «La sesión de la Legislatura fue la clara muestra de que la democracia representativa se encuentra capturada por el poder inmobiliario. La violación de las normas que regulan la democracia ambiental y participativa, la violación de las mayorías que se necesitan para votar una ley, el tratamiento vip y exprés en un par de semanas para autorizar un nuevo barrio porteño, se explican por la ganancia exponencial que tendrá IRSA por el cambio de normativa urbanística. Estamos presenciando un nuevo fraude democrático y un nuevo paso para la consolidación de una costanera privatizada y cementada en aras de alimentar la especulación inmobiliaria».
Amanda Martín, legisladora: «Se planifican megatorres de lujo cuando la población en villas se incrementó y cada vez más trabajadores se ven imposibilitados de pagar alquileres inaccesibles para los salarios de pobreza que predominan en la clase obrera. A pocas cuadras de estas tierras, existen en este momento más de 100 familias que tomaron un basural en la villa 31 y que se encuentran desamparadas y sin solución estatal».
