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Más de 17.000 vencimientos de contratos porteños, reclaman que se habiliten las mudanzas.
Piden un protocolo sanitario porque existen casos en todo el país en los que se exige el pago de ambas propiedades. Denuncian un “vacío legal” y se exige un permiso especial para el traslado.

La decisión del gobierno de Alberto Fernández de decretar a partir del 20 de marzo y extender hasta el 10 de mayo el aislamiento social, preventivo y obligatorio tuvo como fin principal y prioritario salvaguardar la vida de los argentinos ante la pandemia de coronavirus COVID-19 y evitar una crisis sanitaria. Sin embargo, como toda decisión conlleva un costo de oportunidad, la contracara de la cuarentena son las severas consecuencias que padece la economía, desde las empresas hasta las familias.

Si bien la Argentina entró en la fase que permite “administrar” el aislamiento conforme se vayan dando ciertos requisitos dependiendo el territorio, lo cierto es que son pocos los sectores de la economía considerados esenciales y que tienen permitido seguir en actividad.

Uno de los rubros más afectados es el de los fletes y mudanzas, por lo que inquilinos de todo el país cuyos vencimientos de contratos vencieron durante la cuarentena quedaron atrapados en un “vacío legal” ya que en muchos casos, firmaron locaciones en otras propiedades, pero no pueden trasladarse.

Esto sucede pese a que el Gobierno dispuso por decreto la suspensión de los desalojos por falta de pago de alquileres y el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios hasta el 30 de septiembre.

«Actualmente, existen cerca de 17 mil vencimientos de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no se trata sólo de números, sino de familias que necesitan mudarse, ya sea por un vencimiento del contrato, porque ya no pueden pagar ese valor, porque ya firmaron un contrato y aún no pueden trasladarse a su nuevo hogar o porque necesitan un espacio más grande y cómodo”, dijo  Leandro Molina, gerente comercial de Zonaprop en Argentina.

En ese contexto, inquilinos autoconvocados de todo el país redactaron una carta abierta en la que solicitan al Gobierno Nacional que sea considerada la difícil situación en la que se encuentran y se habilite un permiso único para mudanzas.
En el reclamo sostienen que a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia que determinó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir de las 0 horas del 20 de marzo, muchos inquilinos, por distintas situaciones, realidades o circunstancias quedaron sin poder realizar “mudanzas previamente previstas o completar otras que quedaron a medias”.

En algunos casos, los inquilinos están viviendo en una propiedad donde finalizó la relación contractual al tiempo que iniciaron un nuevo contrato de locación en otra propiedad que aún no pudieron habitar. De ese modo, se encuentran ante el problema de tener que mantener dos contratos de alquiler en simultáneo, en un contexto de crisis económica, en el que la mayoría no puede afrontar el pago.

“Muchos intentamos hacer valer el Artículo 1.203 del Código Civil cuyo texto determina que si por caso fortuito o fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar del inmueble, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato, o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar del mismo. Pero su aplicación práctica en muchos casos es inviable”, comentó Natalia Pietragalla, referente de Inquilinos Autoconvocados.

No obstante, explica Pietragalla “dicho artículo habilita solo una negociación con los propietarios, que en la mayoría de los casos concluye en que el dueño del inmueble no acepta realizar cambios, generando discusiones interminables sin ninguna resolución favorable”.

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