Las consultas son intensas, el interés de muchos empresarios del juego existió, existe y el argumento es sólido: un decreto mata otro decreto, pero en este caso megamillonario no es tán sencillo», afirmó un importante abogado porteño que está al tanto de todas la negociaciones para intentar traspasar vía decreto de Javier Milei, los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional, como cuando Néstor Kirchner decidía cuantas máquinas tragamonedas podían instalarse en Palermo.
Casinos flotantes de Puerto Madero: el negocio que busca controlar Javier Milei
Sin embargo, las eventuales conversaciones de Ricardo Benedicto, Federico de Achával y el español de Codere, Manuel Lao, con el asesor presidencial, Santiago Caputo y con funcionarios allegados a la otra ala política de la Casa Rosada, liderada por Karina Milei y Lule Menem, que según varios conocedores del juego se produjeron en los últimos 30 días, no llegarían a buen puerto por la fuerte incidencia del Gobierno de la Ciudad y del PRO, que no está dispuesto a perder millones de pesos por año de recaudación impositiva para que se comparte con todas las provincias.
«Lo primero que hay que decir es que estamos al tanto de las supuestas negociaciones con el gobierno de Milei de estos muchachos que están pensando en 2027, cuando se realice la licitación, pero deberían saber es que, en un año de elecciones, lo último que avalará Jorge Macri es perder esa caja para la Ciudad. Los porteños lo verían como una claudicación que terminaría por minar las posibilidades del PRO de retener la ciudad. Y, Jorge va por la reelección».
Pero, más allá de la cuestión política electoral, iProfesional confirmó que el ejecutivo de Jorge Macri va a jugar fuerte por los frutos de estas concesiones, le pese a quien le pese.
«Por ahora, es lobby, rumor y alguna publicación en algunos medios. La teoría de que un decreto del presidente Macri puede ser reemplazado por otro de Milei es recontra polémica porque, entonces, en cuestiones de esta magnitud, Milei podría cambiar las reglas de juego en otras provincias cambiando decretos a gusto. Sería un escándalo judicial que llegaría a la Corte Suprema y violentaría las autonomías provinciales».
