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Socio de Elaskar rechazó la indagatoria

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El socio de Elaskar rechazó ampliar su indagatoria. Se trata de uno de los dueños de la ex financiera SGI, conocida como ‘La Rosadita’

La causa conocida como «la ruta del dinero K», sigue su curso con la rueda de indagatorias que lleva adelante el juez federal Sebastiá Casanello. Luego de la declaración, la semana pasada, de uno de los dueños de «La Rosadita», Federico Elaskar, le llegó el turno al miembro del directorio, César Augusto Fernández, quie se negó hoy a ampliar su declaración indagatoria ante la Justicia en la causa por lavado de dinero que tiene a Lázaro Báez de principal acusado.

El financista concurrió a la audiencia de declaración indagatoria en el juzgado federal de Sebastián Casanello, acompañado de dos abogados defensores, y solamente escuchó los cargos que existen en su contra, dado que se abstuvo de responder. Fernández es uno de los socios propietarios de SGI, ubicada en el edificio Madero Center del barrio Puerto Madero, junto al operador de bolsa Juan Ignacio Pisano Costa, una sociedad en la que también participaba Federico Elaskar, quien denunció mediáticamente a Báez y operaciones de fuga de capitales.

En el marco de esta causa, junto a Báez también están detenidos el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. Casanello ordenó la ampliación de las indagatorias luego de que Suiza informó que existen cuentas bancarias por 2,3 millones de dólares y euros en los bancos J. Safra y PKB Privatbank SA.

Según la acusación de la fiscalía, esas cuentas fueron usadas para sacar de la Argentina el dinero que se había recibido a través de la obra pública concedida al emporio Austral Construcciones. En esta causa también están procesados, entre otros, el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot, y el operador financiero Fabián Rossi.

Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, del delito de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión. El expediente cobró impulso con la aparición del video de seguridad grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, conocida como «La Rosadita», en donde se veía a varios de los procesados contando millones de billetes de dólares y euros.