El clero activó preparación para desprenderse del mítico estadio con consultora internacional. Migración de inmueble a una SA, negocio inmobiliario, interna en el Arzobispado y una inquietud que llega al Vaticano. Millonaria demanda civil por presuntos desfalcos y malestar entre las productoras de espectáculos.
El clero activó preparación para desprenderse del mítico estadio con consultora internacional. Migración de inmueble a una SA, negocio inmobiliario, interna en el Arzobispado y una inquietud que llega al Vaticano. Millonaria demanda civil por presuntos desfalcos y malestar entre las productoras de espectáculos.
Una vez más, un escándalo amenaza con salpicar la administración de los bienes que son propiedad de la Iglesia. En este caso, involucra al icónico estadio Luna Park que no solo quedó en medio de un tironeo con sus accionistas y destapó una dura interna dentro del Arzobispado de Buenos Aires que escaló hasta el Vaticano, sino que arrastra una cadena de posibles desfalcos con denuncias judiciales incluidas. De fondo, lo que nuevamente subyace es la intención de las autoridades eclesiásticas de desprenderse y vender el inmueble, ubicado en una de las manzanas más cotizadas de la Capital Federal. Implica un negocio inmobiliario multimillonario que necesariamente debe ser acordado con el Gobierno porteño, encargado de modificar normativas y autorizar la construcción de una mega torre en el límite con Puerto Madero.
La luz verde para la venta acarrea una serie de movimientos preparatorios que ya trascendieron dentro del ámbito político de la Ciudad y que pueden cristalizarse con el cambio de la razón social propietaria, legado de la familia Lectoure para Cáritas y la Obra Salesiana de Don Bosco como lo dispuso su última heredera antes de morir. Ya comenzó la evaluación para dar los pasos administrativos que permitan la operación: el primero sería migrar la empresa que hoy es dueña, Stadium Luna Park Lectoure & Lectoure SRL a una sociedad anónima (ya presentada en IGJ), y desde allí transferir el fondo de comercio para separarlo del edificio, y con ese panorama, que la residual se quede con todas las deudas y demandas que corren riesgo de insolventarla. La colección de presentaciones en la Justicia sumó una explosiva durante la feria judicial, de índole civil. Está próxima a hacer que el escándalo adquiera una magnitud insospechada porque implica un reclamo por más de u$s5 millones por daños y perjuicios. La afamada consultora Ernst&Young -una “Big Four”- fue contratada por el clero para asesorar en la planificación de la venta. Desde Roma habían enviado mensajes para que se practique una auditoría sobre lo que ocurrió en los últimos años.
La lluvia ácida de la interna clerical cayó sobre el administrador Luis María Ponce de León, que había puesto la propia Iglesia cuyas autoridades dependen del cardenal Mario Poli por la sospecha de desmanejos varios. La secuencia empalidece al lado del calibre de quienes dicen haber sido damnificados por incumplimientos de contratos varios. Un dato. Los delegados de la Iglesia que es representada en esta causa penal por el prestigioso bufete de abogados Fontán Balestra jamás se presentaron en las mediaciones o instancias judiciales a la que la convocaron los demandantes. La firma JLYS SRL fue la que planteó judicialmente todo tipo de reclamos, incluida la vía penal por el “desbaratamiento de derechos acordados” es la que continúa su trámite en tribunales tras una apelación a la Cámara.
Artistas de la talla de Camilo quedaron involucrados cuando la administración superpuso fechas comprometidas con otro espectáculo denominado “Bread and Roses” al que directamente le rescindieron el contrato que tenía acordado con anticipación, pero que también generó que la productora de Camilo tuviera que migrar la fecha de su show prevista para el 17 de diciembre de 2021. Hubo una conducta sistemática que tendió un manto de sospecha sobre cuál es el verdadero objetivo que persiguen los actuales gerenciadores.
A fines del año pasado perdieron el histórico convenio que existía para llevar el espectáculo “Disney on Ice” que se había mantenido en cartelera por 15 años y cuya recaudación le permitía al Luna Park solventar la mitad de los gastos operativos anuales del estadio. Otras productoras terminaron acordando extrajudicialmente compensaciones ante la amenaza de que recurrirían a la justicia por los incumplimientos.
La semana pasada, el propio Ponce suscribió un contrato por la comunicación exterior del estadio que involucra las pantallas led y la carterlería. Lo hizo dejando de lado a otro oferente que se comprometía a abonar una cifra 20 veces superior por el mismo servicio, sin una lógica económica para los accionistas.
La disputa inicial con JLYS, que había pagado un canon para la comercialización de la sala se originó en coincidencia con el estallido de la Pandemia. En plena situación de emergencia, la Iglesia dispuso a través del obispo auxiliar Mariano Joaquín Sucunza -encargado de toda la operatoria de bienes de la Iglesia- que el Luna fuese cedido al Gobierno de la Ciudad como posta vacunatoria a título gratuito. Otras propiedades como la Imprenta Salesiana fueron alquiladas por el gobierno con el mismo fin. En este caso se concluyó que no podía trascender que la Iglesia cobrara por el uso de instalaciones de su propiedad. El gerenciador histórico del Luna era Hernán Barrionuevo, pero también cayó fruto de una interna eclesiástica por el manejo del estadio donde el Arzobispado tenía primacía. Sucunza perdió el favor y su reemplazo fue Enrique Eguía Seguí, otro de los popes en la estructura de poder de la Iglesia. De su mano arribó Ponce de León que desalojó de su oficina a Barrionuevo y se quedó con el control total sobre el Luna. A JLYS le prometieron extender el contrato si se avenía a pagar el canon de 2020 y continuar pagando la manutención del estadio. Luego, le desconocieron cualquier acuerdo y le impidieron percibir cualquier ganancia de los espectáculos que ya había organizado o coproducido. Finalmente, rescindieron a JLYS en 2021 y lo conminaron a demandar si estaba disconforme.
A partir de allí, los sucesos conocidos que desembocan ahora en la posibilidad cierta de una venta y del armado de una estructura que permita desembarazarse de las deudas y del impacto de las demandas.
La denuncia penal contra Ponce fue rechazada en primera instancia por el juzgado criminal y correccional N° 63 a instancias del fiscal Carlos Vasser que solicitó su desestimación por considerar que no encuadraba en una defraudación. Además, citó en su dictamen a Juan Pablo II, subrayó que la “solidaridad es una virtud cristiana” (por la cesión al vacunatorio) y todo llevó a concluir que se discutía un “incumplimiento contractual” algo que no era materia penal pero sí del fuero civil por ser de derecho privado. El próximo capítulo de la saga amenaza con convertirse en una pelea de proporciones con epicentro en la Ciudad pero también en Roma, donde monitorean el caso con atención.
