Funcionarios porteños defendieron en la Legislatura dos convenios entre el Ejecutivo y desarrolladores inmobiliarios para incrementar la altura para las construcciones en predios situados en los barrios de Puerto Madero y Villa Crespo, mientras que los diputados de la oposición aseguraron que los acuerdos «son beneficiosos para los privados pero no para la Ciudad».
Ambos convenios fueron remitidos a la Legislatura por el Ejecutivo a fin de obtener el aval para su implementación que contemplan la reforma a la actual zonificación de los terrenos a cambio del pago de una contraprestación por parte de los desarrolladores privados que alcanzaría un monto cercano a los US$ 3,5 millones, los que estarán destinados a atender gastos por la pandemia.
El primer convenio abarca a un predio de dominio privado situado en Juana Manso 350 de Puerto Madero sobre el cual el Gobierno porteño firmó un acuerdo, a instancias de la ratificación legislativa, que cambia la altura habilitada de las construcciones en ese polígono y la lleva a 140 metros, es decir, permite torres de hasta 40 pisos.
Como contraprestación, el privado deberá «abonar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de US$ 2.500.000 que serán destinados a gastos erogados como consecuencia de la Emergencia Sanitaria con motivo del coronavirus y de la Emergencia Económica y Financiera».
También, indica que parte de los fondos adquiridos se destinarán «a la construcción de una plaza pública en homenaje a las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina» que estará localizada en la ribera porteña al lado del actual Parque de la Memoria.
El segundo convenio, en tanto, refiere al terreno delimitado por las calles Fitz Roy, Vera, Ramírez de Velasco y las vías del ferrocarril San Martín, de Villa Crespo, sobre el que propone también una ampliación de los usos del suelo y una habilitación para construcciones de hasta 36,7 metros de altura.
En ese marco, informa de la existencia de un acuerdo con el titular del predio, para que abone por la modificación de la normativa la suma de USD 1.041.112 que también serán girados a la atención de la pandemia
Al respecto, el subsecretario de Registros, Interpretación y Catástro del Gobierno porteño, Alfonso Crotto, dijo que «los dos convenios urbanísticos son de instrumento para una de una articulación público-privada que fija las contraprestaciones para el beneficio de ambas partes y esto surge de análisis desde los puntos de vista urbano, social, económico y también ambiental».
En disidencia, el diputado del Frente de Todos Manuel Socías consideró que los convenios urbanos como los que se debatieron en la Comisión «debe ser una herramienta acotada a las grandes piezas urbanas» que no se ajustaría a este tipo de predios en tratamiento; en tanto que sostuvo que «no están claros los criterios sobre los cuales se calcularon las contraprestaciones que podría recibir la Ciudad a cambio».
Matías Barroetaveña, del Frente de Todos, cuestionó que «pareciera que la Comisión de Planeamiento es un lugar de venta de normativas»; mientras que su colega de bloque Javier Andrade sostuvo que ambos convenios «no benefician mucho a la Ciudad y si grandemente a los privados».
